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El Trabajo Social en Justicia, da un paso más tras su reunión con el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia.

El Trabajo Social en Justicia, da un paso más tras su reunión con el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia.

Ana García Montero, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio, junto a Ana I. Lima Fernández, presidenta del CGTS, y la asesora jurídica del Consejo, Esther Goñi, fueron quienes representaron a la organización colegial.

Tras un trabajo conjunto entre el Colegio y el CGTS para el análisis de necesidades del colectivo y propuestas de mejora en el desarrollo de la profesión como en la atención a la ciudanía, el hecho de haber sido recibidas como representantes de la organización colegial, pone en valor la importancia de nuestra profesión en este ámbito.
Entre los temas manifestados por el Director General, y planteado también por la organización colegial fue el de los informes psicosociales elaborado por los equipos técnicos. Desde nuestra posición expusimos que el informe debe de incluir dos partes, la realizada y firmada por el/la psicólogo/a con su diagnóstico psicológico, y la parte social, emitida y firmada por el/la trabajador/a social, con el correspondiente diagnostico social, como acto intelectual de la profesión. Y también otra parte conjunta de conclusiones que iría firmada por ambos profesionales. 
Otro tema fue de interés y prioritario fue comenzar a elaborar protocolos de actuación en los distintos órganos junciales y materias. El director general expuso que el Ministerio quiere elaborar sus protocolos con intención de que luego también se acojan a él las comodidades autonomías con competencias en justicia y contar así con un mismo modelo en toda España. La organización colegial mostramos nuestra disponibilidad y colaboración para la elaboración de dichos protocolos, así como la participación en los grupos de trabajo que  se creen para ello. El Director General ha explicado que el Consejo, junto al Consejo General de Psicólogos formará parte del grupo asesor dirigido por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML y CF), que elaborará dichos protocolos.
También se expusieron por parte de Joaquín Delgado dos temas que preocupan. Uno es el de los retrasos en la emisión de los informes, indicando que el Ministerio ha cubierto todas las plazas vacantes disponibles además de un plan de choque en algunas provincias. Y el otro tema es el de la calidad de los informes y para ello ha ampliado la oferta de cursos que ya se ha puesto en marcha.

En este sentido, desde la organización colegial hemos pedido la especialización y nos hemos ofrecido para colaborar como estructura colegial en la actividad de formación y acreditación.
El CGTS ha existo que se amplíen las ratio de nuestros profesionales en justicia y ha solicitado que haya un/a trabajador/a social por cada juzgado de familia, un/a trabajador/a social por cada juzgado de violencia, un/a trabajador/a social por cada juzgado de tutelas e incapacidades.  
Además, se ha exigido la presencia de la profesión que en las oficinas de atención a la víctima para llevar a cabo la función de asistencia de carácter social que recoge del reglamento que regula las OAV. El Director General ha avanzado que el modelo de convenio se va a extinguir y que se van a constituir unidades administrativas, en las que se incluirá a los y las trabajadoras sociales, para dar forma administrativa al modelo. Sobre esta cuestión el CGTS ha solicitado ser miembro del Consejo Asesor de asistencia a la víctima que contempla el reglamento.

Este es el comienzo de un camino conjunto, de colaboración y participación para empoderar el Trabajo Social en el ámbito judicial.
Publicada el miércoles, 23 de mayo de 2018