El Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid trabaja para que se respeten los valores de dignidad y autonomía de las personas mayores. Por Rubén Yusta, Vocal de la Junta de Gobierno.
El pasado mes de julio, la Comisión de Trabajo Social Gerontológico del Colegio, elaboraba un documento en el que se señalaban las Fortalezas y debilidades del actual sistema de atención residencial para personas mayores. En este documento, nos apoyábamos en los aspectos positivos presentes en el ámbito residencial y, a su vez, aprovechábamos los espacios producidos por las carencias del sector, para promover un espacio de reflexión en la que se identificaba la necesidad de un cambio de modelo residencial que pusiera fin a muchos de los déficits detectados durante la pandemia sanitaria.
A finales de año, al hilo de la promoción de los modelos centrados en la persona y el nuevo planteamiento que supuso la entrada en vigor de la Ley 8/2021, el Colegio también publicó el documento Marco para el desarrollo de la Atención Centrada en la Persona y la humanización de los apoyos y los cuidados en el ámbito de la gerontología. Este documento pretendía seguir aportando claves y herramientas para el desarrollo de un modelo de atención más humano, más adaptado a las necesidades reales de las personas mayores y, sobre todo, más digno para este colectivo.
Todo este trabajo ha ido en la línea que, al parecer, profesionales y entidades, tanto de ámbito público como privado, se encontraban desarrollando a la hora de establecer el nuevo modelo residencial y de cuidados de larga duración en nuestro país. Un modelo en el que priorizar aspectos tan importantes para la vida de las personas como la dignidad, la autodeterminación, la individualidad en los procesos de cuidado o la integración de las personas institucionalizadas en el ámbito comunitario.
Todo este proceso, dirigido fundamentalmente a la mejora de nuestro actual sistema de cuidados, ha chocado de forma directa con lo sucedido en la Comunidad de Madrid en las últimas semanas. Con la entrada en vigor del nuevo Acuerdo Marco que establece las condiciones de las plazas concertadas en residencias de mayores de la región, se da la circunstancia de que un importante número de centros no han renovado la concesión de estas plazas, lo que supone que casi 650 personas que ya se encontraban residiendo en estos centros, tengan que buscar un nuevo centro residencial que sí que esté dentro de este nuevo acuerdo. El nuevo Acuerdo Marco eleva la cuantía que estos centros estaban recibiendo por la prestación de este servicio, pasando de 54,50€ a los 74,80€ por persona y día. A su vez, el acuerdo persigue un incremento en la calidad del servicio, apostando por un mayor número de profesionales, entre las/os que también se encuentra reflejada la figura de la trabajadora social, y un incremento en la calidad de servicios fundamentales como son la alimentación y la limpieza de estos centros.
Es por ello por lo que, desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid, elaboramos un posicionamiento ante esta situación que, bajo nuestro punto de vista, supone un paso atrás en la reformulación necesaria de nuestro actual sistema de atención residencial. Situaciones como ésta, no hacen más que promover la vulnerabilidad de un colectivo que ya ha sido duramente castigado durante toda la pandemia y para nada se ajustan a los principios y valores hacia los que esta atención quiere dirigirse. De poco o de nada sirve hablar de Atención Centrada en la Persona o de sistemas que prioricen la autodeterminación y la participación de las personas usuarias, si en el establecimiento de nuevas medidas, como supone este Acuerdo Marco, cientos de personas dependientes se ven obligadas a abandonar su entorno por decisiones o acuerdos que para nada están centrados en los intereses de estas personas.
Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid instamos a la Comunidad de Madrid y a las instituciones implicadas en este proceso, a reformular todas aquellas cuestiones que puedan influir, y que como vemos ya están influyendo, en la calidad de vida de estas personas, y a avanzar hacia un sistema residencial que realmente tenga en cuenta los principios de dignidad, autonomía, autodeterminación y participación desarrollados por los modelos centrados en la persona y que actualmente no se están desarrollando en nuestra región.
