Sociedad civil y partidos políticos se muestran de acuerdo en reclamar una Ley Marco de Servicios Sociales
Sociedad civil y partidos políticos se han mostrado de acuerdo en reclamar una Ley Marco de Servicios Sociales y un Pacto de Estado para sostener un modelo social que garantice las prestaciones desde lo público, en colaboración con las distintas entidades que actúan en la sociedad civil. Así lo han manifestado todos los intervinientes en el Cara a Cara “Políticas Sociales para el Bien Común. Servir a la Población”, organizado por Sociedad Civil por el Debate.
“Hay que llegar a un Pacto de Estado por los Servicios Sociales Públicos, porque “se nos está quedando mucha gente fuera”, ha advertido Francisco Lorenzo, coordinador del Equipo de Estudios de Cáritas España, en el encuentro moderado por la periodista Sonia Sánchez, responsable de Política de la SER, que se ha celebrado en la sede de la Organización Médica Colegial. Lorenzo ha precisado que la garantía de las prestaciones es responsabilidad del Estado y “debe estar en lo público”, aunque sea muy importante el papel de la sociedad civil.
Francisco Lorenzo, que coordina los Informes de Exclusión y Pobreza de la Fundación Foessa, recordó que los datos de pobreza ya existían en este país antes de la crisis, aunque en los últimos años se hayan agravado con la existencia de más de 5 millones de personas en situación de exclusión social. Tras pedir protección de los derechos para los migrantes, “a quienes cerramos las puertas”, Lorenzo dijo que “no demos por cerrada la crisis y dejemos sepultados bajo los escombros a los más afectados”.
La portavoz socialista de Servicios Sociales, Elvira Ramón Utrabo, dijo que en este país ha habido un rescate, pero a la banca, no de las personas que necesitan más ayuda”, precisando que “la mejor política económica es la que se lleva a cabo”. Ramón Utrabo se refirió a los “trabajadores pobres” para decir que la gente que encuentra empleo tampoco sale de la pobreza porque no tiene un salario digno.
“En España todavía tenemos un recorrido para poder gastarnos más en políticas sociales”, ha manifestado el investigador del CSIC, Luis Moreno Fernández, tras precisar que todos los partidos políticos han legitimado el Estado de bienestar con carácter “universalista”. En opinión del doctor en Ciencias Sociales y Honorary Fellow de la Universidad de Edimburgo, existen “nuevos riesgos sociales para los que se necesitan acuerdos transversales”, en un momento en que “el modelo social europeo está claramente asediado y más aún tras la salida de Reino Unido”. Moreno Fernández también se mostró crítico con el grado de aplicación de la Ley de Dependencia, que “ha sido un coitus interruptus”, y señaló que “si los 4 millones de personas que buscan empleo encontraran trabajo, no tendríamos problema para pagar las pensiones”.
Tras denunciar que en los últimos años ha habido un aumento de “desahucios, suicidios, desempleo y expulsión sanitaria”, entre otros males que aquejan a la población española, la presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana Lima, ha sostenido que debemos modernizar los sistemas de protección social para adaptarlos a la nueva situación del país, “uno de los Estados europeos donde más ha crecido la desigualdad”. La presidenta de la Federación Internacional Europea de Trabajo Social (FITS Europa) apostó por el desarrollo local para una atención más individualizada a las personas y menos burocratizada, subrayando que estamos ante “un cambio de paradigma”. Ana Lima ofreció, en este Cara a Cara de Sociedad Civil por el Debate, el apoyo del Consejo General del Trabajo Social para lograr un Pacto de Estado en Servicios Sociales.
La portavoz de Servicios Sociales del PP, Carmen Navarro Lacoba, señaló que “el PP está muy comprometido con el mantenimiento del Estado de bienestar”, admitiendo que “los recortes han permitido preservar las políticas de bienestar”. Navarro abogó por la necesidad de “crear un sistema económico sólido para poder repartir” y defendió “un mapa de servicios” que incluya la creación de la “tarjeta social“.
El diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Alberto Reyero, reclamó la mayor sostenibilidad posible para el Estado de bienestar, porque “la mejor política social es aquella que podemos pagar”. El parlamentario apeló a un crecimiento económico inclusivo, con empleo de calidad, para “poder repartir”. “Necesitamos empleo de calidad y un cambio sustancial en el modelo de protección social”. Asimismo, recordó que los ayuntamientos no tienen suficiente financiación para prestar un servicio social adecuado y subrayó que el problema es que “nunca ha habido una centralización de los derechos sociales”. “Los cuatro partidos”, subrayó Reyero, “tenemos que ser capaces de recuperar los niveles de bienestar, muy debilitados en este momento; recuperar los niveles de pacto social que alcanzó Europa tras la II Guerra Mundial”.
Raúl Carmargo, diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, dijo que “es factible una renta garantizada de unos 600 euros”, siempre que antes se reforme el sistema fiscal. Para el portavoz de la Comisión de Políticas Sociales y Familia, “hacen falta cambios estructurales en el sistema laboral y fiscal”.
Mar Ureña, decana del Colegio del Trabajo Social de Madrid, señaló que “estamos echando piedras en nuestro tejado”, porque “los servicios sociales se encuentran muy saturados y, además, asumen los déficits de otros sistemas”. Ureña se refirió al sistema de ‘última red’ para señalar que está fragmentado y que no respeta la autonomía ni los derechos de las personas”. “No hay portabilidad entre las Comunidades Autónomas para acceder, por ejemplo, a la renta mínima”, lamentó.
( Nota de Sociedad Civil para el debate )
Espero q el derecho a la vivienda o a los servicios sociales sean tan obvios como el derecho al voto @MarUreCamp
— SociedadCivilDebate (@SocCivilDebate) 30 de marzo de 2017
Espero q el derecho a la vivienda o a los servicios sociales sean tan obvios como el derecho al voto @MarUreCamp
— SociedadCivilDebate (@SocCivilDebate) 30 de marzo de 2017
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