EL COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE MADRID INSTA AL CONSEJERO OSSORIO A BUSCAR LA POBREZA ENTRE LOS DATOS Y DEJAR DE MIRAR A SU ALREDEDOR

El trabajo social sabe que la exclusión social es un fenómeno complejo y dinámico que no solo depende de la privación severa de los recursos materiales.

Tras la manifestación del consejero Ossorio en sus funciones de portavoz del Gobierno Regional en relación a la publicación del informe de la fundación FOESSA en las que contrastaba los datos con lo que observaba en la región, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid quiere hacer pública las siguientes consideraciones.

La exclusión social es un fenómeno complejo, que requiere para su explicación de una mirada a aspectos vinculados entre sí, no solo a la parte más relacionada con la privación material severa, que sería los pobres que el Sr. Osorio buscaba por el suelo, sino que precisa de elevar la mirada y conjugar la relación entre los aspectos materiales, políticos, culturales y relacionales. La pobreza tiene multitud de rostros, muchos de ellos invisibles y que, son estos, precisamente, los más peligrosos porque se suele llegar tarde al apoyo.

Los datos, no solo el informe Foessa, señalan el incremento claro y sostenido de la exclusión moderada y severa en nuestra región y en términos absolutos implica según estos estudios a 1.500.000 de personas.

Las políticas sociales de la Comunidad de Madrid no están consiguiendo una distribución de la riqueza que equilibre. La desigualdad aumenta en la Comunidad de Madrid, según el INE en 2020 la Comunidad de Madrid fue la región con mayor PIB y se sitúa en tercer lugar solo por debajo de País Vasco y Navarra con relación a la renta por persona.  Lo que contrasta con la situación de práctica igualdad en relación con la exclusión moderada y severa del resto de España.

Los sistemas de protección, como es el caso de la RMI en la cuestión de la garantía de ingresos o el Sistema de Servicios Sociales, que son herramientas, al servicio del Gobierno Regional, que permiten equilibrar la distribución de rentas, no están siendo utilizados en este sentido, infradotando presupuestariamente en términos de porcentaje sobre el PIB como en términos de habitante y año en el caso de los Servicios Sociales o dificultando el acceso y no facilitando su complementariedad con el IMV para el caso de la RMI.

Lamentamos además que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid no se utilicen los datos que están a su alcance en la elaboración de sus políticas públicas o para contrastar los datos que otras entidades aportan en ausencia de otras fuentes, como pueden ser las memorias anuales que se solicitan para la justificación de los convenios de colaboración en materia de Servicios Sociales entre la Comunidad de Madrid y las entidades locales, el sistema de Información para usuarios de Servicios Sociales SIUSS del Ministerio de Derechos Sociales  (y otros programas informáticos de otros municipios), en las que aparecen perfiles y datos  exactos y precisos sobre todas las prestaciones  económicas y demás recursos sociales prescritos técnicamente a la población. Los datos sociodemográficos y la tendencia en las RMI reconocidas, el Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, el INE, etc. o el propio diagnóstico realizado para avalar el proceso de elaboración de la Ley de Servicios Sociales y que pone de manifiesto el aumento de la desigualdad económica y el incremento de personas en situación de exclusión social. Pensamos que sería un mejor sistema que el mirar a su alrededor como vía “científica” de elaboración de hipótesis.

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid quiere además ofrecer al Gobierno su experiencia en el día a día de atención a estas situaciones de exclusión social moderada y severa y trasladar no solo los datos, sino también los testimonios y rostros de quienes la sufren.