Las/os trabajadoras/es sociales exigimos que no se lleve a cabo la reforma de la Administración Local que planea el Gobierno

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La Asamblea General de la organización colegial del Trabajo Social rechaza la propuesta y ofrece su colaboración a las administraciones

La Asamblea General de la organización colegial estatal de Trabajo Social, formada por el Consejo General y los 37 Colegios profesionales, y celebrada en Madrid el día 6 de Abril de 2013, exige al Gobierno de España la retirada del ANTEPROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL y expresa su rechazo más rotundo al espíritu que rige el conjunto de su articulado porque

La Asamblea General de la organización colegial estatal de Trabajo Social, formada por el Consejo General y los 37 Colegios profesionales, y celebrada en Madrid el día 6 de Abril de 2013, exige al Gobierno de España la retirada del ANTEPROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL y expresa su rechazo más rotundo al espíritu que rige el conjunto de su articulado porque:

1. Atenta directamente contra la permanencia del Sistema Público de Servicios Sociales en la administración más cercana a la ciudadanía como son los municipios. Según las cifras del Plan Concertado correspondientes a 2012 se han atendido a ocho millones de personas.

2. Deja sin garantía de servicios y prestaciones a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad (menores, mayores personas en situación de dependencia, personas en desempleo y sin recursos, etc.

3. Entra en colisión directa con la estructura, la distribución de competencias y el catálogo de prestaciones que se recogen en las diferentes Leyes de SS.SS. de las Comunidades Autónomas.

4. Significa un retroceso en el fondo y en la forma en la concepción de las Políticas Sociales y en lo que ha significado y significa para la ciudadanía el Sistema Público de Servicios Sociales que se ha ido construyendo en los últimos 30 años y en el que ha estado implicado de manera especial nuestra profesión.

Seguimos ofreciendo desde este Consejo General nuestra colaboración al conjunto de las Administraciones Públicas para mejorar, tanto lo referente a las Políticas Sociales como a la Legislación vigente, en racionalización y sostenibilidad del Sistema, de forma que la ciudadanía tenga garantizados sus derechos fundamentales en Protección Social.