Los derechos de la infancia en juego o cómo no se está protegiendo a los menores migrantes.
El pasado jueves 19 de septiembre, Verónica Gallego, secretaria de la Junta de Gobierno del COTS Madrid, acudió s a la Jornada “Los Derechos de la infancia en juego” organizada por Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE).
Durante esta sesión, enfocada en una mesa redonda donde tres profesionales y expertas en la defensa de los derechos de la infancia expusieron las siguientes ideas, dando lugar al debate y la reflexión:
Patuca Fernández, histórica abogada y activista por la defensa de los derechos de los/as menores migrantes, argumentó porque se está poniendo en cuestión algo tan fundamental como los derechos humanos en lo relacionado con los/as menores migrantes: carencia de medidas que eviten su pobreza y falta de vivienda adecuada, ausencia de representación en la defensa de sus derechos, ponerles en el foco de los discursos de odio, etc. De esta manera, propuso: recuperar el término: infancia/niñez, “resistir la tentación de la atrocidad” distinguiendo entre unos/as niños/as y otros/as y detectar el umbral de la injusticia en la infancia.
Margarita de la Rasilla, de Acnur España, comentó la realidad de los y las menores refugiadas o susceptibles de necesitar protección internacional que se encuentran en nuestro país. Asimismo, puso en foco en las cifras: España en el país europeo con el mayor número de solicitudes de protección internacional, pero el 75% de la población migrante prefiere quedarse en la frontera de su país o en un país cercano, sólo la desesperación y la necesidad le empuja a dejar su tierra en un proceso migratorio incierto y duro. Acnur ha llevado a cabo 576 entrevistas a menores residentes en Canarias, permitiendo acercarse a una realidad que sólo vemos habitualmente en el papel o pantalla, salvo si trabajamos de forma directa en ello.
Itziar Gómez, del Tribunal Constitucional, llevó el debate a cuestionar el marco jurídico principal: la Constitución. El artículo 39 es “pobre” y no protege adecuadamente, su reforma podría mejorar la clarificación de los derechos de la infancia y las competencias de unas Administraciones y otras. Además, recordó que España no cuenta con una jurisprudencia amplia y de calidad en materia de protección a la infancia, ya que la defensa de los derechos de los menores tienen que ser defendidos por sus representantes y, bien, las Administraciones no lo hacen convenientemente (en el caso de menores tutelados/as) o bien sus progenitores vinculan la defensa de sus propios derechos a los de sus hijos/as.
En un día en el que la inmigración se había convertido en un problema social según las encuestas y algunos medios, acudir a este tipo de propuesta siempre aporta y clarifica cuestiones fundamentales sobre los derechos humanos para nuestra profesión, trabajemos donde trabajemos.
