Trabajo Social en el Día Mundial de la Justicia Social, por Gabriela Jorquera
Autora: Gabriela Jorquera
Hoy se conmemora el Día Mundial de la Justicia Social, un principio fundamental que orienta el ejercicio del trabajo social y que se manifiesta, tal como se recoge en el código deontológico, “…dedicando su ejercicio profesional a ayudar a los individuos, grupos y comunidades en su desarrollo y a facilitar la resolución de conflictos personales y/o sociales y sus consecuencias”. Esto se debe a que, como lo señala Naciones Unidas, la justicia social es una condición indispensable para la paz, a la vez que esta no puede alcanzarse si no hay paz y seguridad.
Esta relación tiene importantes implicaciones. Por un lado, es fundamental reconocer que la injusticia, real o percibida, es un poderoso incentivo para el inicio de conflictos y de violencia entre individuos, grupos y naciones. Por ello, la lucha contra la desigualdad es un pilar clave en la construcción de la paz y la justicia social. Su principal propósito debería ser la erradicación de la pobreza y la discriminación, dos de las manifestaciones más directas de la injusticia social y, por tanto, dos objetivos fundamentales para el Trabajo Social.
Tal como señalan María Rocío Cifuentes-Patiño y Sandra Yaneth Vallejo-González, la relación entre el trabajo social y la justicia social implica no solo promover la redistribución de bienes materiales, necesaria para avanzar hacia una sociedad más equitativa, sino también garantizar el reconocimiento de la diversidad, una dimensión fundamental para avanzar hacia una sociedad más plural que asegure la libertad y la igual dignidad de todos sus ciudadanos “hay injusticias originadas en la estructura económica de la sociedad y otras referidas a la estructura político-cultural de la misma (…) ambas son indispensables cuando el propósito es construir paz con justicia social”.
Ambas dimensiones nos interpelan, de igual forma, como profesión y nos obligan a preguntarnos acerca del lugar que ocupan esas personas, estos grupos estigmatizados, discriminados y excluidos, desde donde se construye la relación con ellos, de qué manera están sometidos, por su posición, a procedimientos injustos, que tienen como consecuencia un trato indebido o incluso discriminatorios por parte de las instituciones y cómo nos posicionamos, como profesión, ante estos procedimientos.
Esta dimensión, a la que Catalina Ruz llama justicia del reconocimiento, implica para el Trabajo Social dar voz a los sin voz, otorgar “reconocimiento público de poder y autoridad, no únicamente como un medio de expresión de sufrimiento y vulnerabilidad de los y las afectadas”. El trabajo social debe ser también un espacio de reconocimiento de esas singularidades y diferencias, que supone poner a las personas con las que trabajamos no en el lugar de víctimas, sino en el de agentes de justicia, entender la indignación acerca de las situaciones que les afectan como un conflicto que plantea el lugar injusto que el orden social les asigna. Aquí, debemos volver a recordar el artículo 5 del código deontológico “ayudar a los individuos, grupos y comunidades en su desarrollo y a facilitar la resolución de conflictos personales y/o sociales y sus consecuencias”.
Uno de los grupos en los que claramente se conjugan las dos manifestaciones de la injusticia social es el pueblo gitano, que continúa siendo uno de los grupos más rechazados socialmente y más excluidos social y económicamente. El año 2025 ha sido declarado el Año del Pueblo gitano, en conmemoración al 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a España, lo que significa una oportunidad para conocer la historia de rechazo, persecución, desigualdad y discriminación que ha caracterizado estos 600 años de historia, de preguntarnos por las razones históricas que han llevado a que el 86% de la población gitana se encuentra en riesgo de pobreza, que el 46% de los hogares padecen situaciones de extrema pobreza, a que la tasa de abandono educativo sea 6 veces más alta que la de la población general. Algo tendrá que ver que solo a partir de la Constitución de 1978 se haya reconocido la igualdad jurídica del pueblo gitano, o que solo desde los años 80 los niños y niñas gitanas hayan ingresado masivamente al sistema educativo. El pueblo gitano encarna, como pocos grupos en nuestro país, la necesaria reivindicación por la justicia social en todas sus dimensiones.
Por ello el Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid este año dedica el día de la Justicia Social a manifestar la realidad del pueblo gitano a lo largo de la historia reclamar políticas sociales que promuevan la integración, el reconocimiento y el cumplimiento de sus derechos.
