Un paso más cerca del reconocimiento de las y los profesionales del Trabajo Social en Servicios Sociales como autoridad.
Aprobada por unanimidad la proposición n.º 2018/8001386, presentada por la concejala doña Marta María Higueras Garrobo, interesando que el Pleno del Ayuntamiento inste a la Comunidad de Madrid a que "apruebe una Ley que reconozca a las y los profesionales de servicios sociales como autoridad pública" a los efectos previstos en la iniciativa, y a que adopte las demás medidas que, en esta materia.
En el debate, todos los partidos hicieron referencia a propuestas y documentos de trabajo propuestos por el Colegio.
La necesidad de afrontar el problema de la existencia de agresiones a trabajadores/as sociales, y al hilo de la Consulta de la Comunidad de Madrid sobre el Anteproyecto de Ley de Autoridad de los Profesionales del Servicio Madrileño de Salud la junta de Colegio considera que:
1. Como señala la consulta del anteproyecto, con propuestas de este tipo se pretende afrontar el problema de las agresiones contra profesionales. Así mismo señala que "la solución a este problema no está en una sola actuación, sino en un conjunto global de agentes y medidas dando a todas ellas el respaldo jurídico necesario" .
2. Así mismo el Colegio Oficial de Trabajo Social en su "Manual Orientativo de Prevención y Actuación ante Agresiones a Trabajadores/as Sociales” reconoce los múltiples factores (situación de los servicios, situación de la persona agresora, concepción de la prevención ) que pueden influir en un caso de agresión. Esa multifactorialidad no debe ser motivo para pensar que "no se puede actuar" sino para ser conscientes de que son necesarias respuestas integrales.
Tras estos años de crisis con gran impacto en situaciones de pobreza y exclusión es fundamental una dotación adecuada de programas y servicios, de ratios de profesionales adecuados.., y antes los rápidos cambios sociales es necesario reforzar modelos de servicios y centros con enfoque de derechos, centrado en la persona, y que promuevan la participación y el sentido de comunidad.
Por otra parte, es una realidad que tanto en diferentes normativas autonómicas como el propio código penal han considerado como una medida para afrontar la agresión a profesionales su reconocimiento como autoridad pública. Así sucede ya con el profesorado y personal sanitario (artículo 550.1 del Código Penal: “Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. En todo caso, se considerarán actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas”
Ante esta realidad y en desde este marco de reconocimiento de los sistemas públicos de bienestar (educación y sanidad) parece lógico que se estudie hacer extensivas estas medidas también a los profesionales del sistema de Servicios Sociales, de los que además los/as trabajadoras/es sociales somos profesionales de referencia en la Atención Social Primaria. (en la actualidad en la Comunidad de Madrid somos unos 1.100 trabajadoras/es sociales en la red de servicios sociales de atención social primaria de la Comunidad de Madrid).
Consideramos además que la realidad del trabajo en equipo multiprofesionales requiere equiparar medidas para evitar desigualdades, ya que sucede que por ejemplo que hay personal no sanitario (pero sí asistencial) que presta sus servicios en el sistema sanitario (como los/as trabajadoras/es sociales) así como hay personal sanitario en equipamientos sociales. En este tema está también pendiente la reivindicación colegial de una regulación/estatuto de las profesionales sociales, al estilo del de profesiones sanitarias.
Además de incorporar a esta protección a todos los profesionales empleados públicos de la red de servicios sociales ( más allá de la centralidad de nuestra profesión de trabajadoras/es sociales ), también consideramos -en línea con lo que ya señaló el Colegio Oficial de Médicos de Madrid en relación al anteproyecto de Comunidad de Madrid- que la protección debe hacerse extensiva a los profesionales del ámbito privado, que además en muchas ocasiones comparten espacios y/o actividades con los compañeros/as empleados/as públicas.
La determinación de los/as profesionales como autoridad pública –insistimos- debe ser una medida más y queremos recordar como ya señaló el Colegio en el Comunicado emitido tras la agresión en Vallecas- que es fundamental seguir promoviendo que los Centros de Servicios Sociales son espacios comunitarios para los vecinos y vecinas, donde las familias acudan tanto con seguridad como con sensación de ésta, y que las y los Trabajadoras/es Sociales de los mismos, y el resto de los profesionales, vivan esa misma protección y seguridad que ayude a que su actuación sea la mejor posible en beneficio de las usuarias y usuarios y del propio entorno del Centro.
Por supuesto, desde este Colegio Oficial, nos ponemos a disposición de los Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid para seguir avanzando en el marco jurídico.
http://www.comtrabajosocial.com/paginas/prevencion-y-actuacion-ante-agresiones/
